Archivos para 3 febrero 2013

Inversiones vs. Derechos

No podemos negociar con aquéllos que dicen,
«lo que es mío es mío y lo que es tuyo es negociable»

John Fitzgerald Kennedy

           Parece claro que una de las vías para intentar conseguir la recuperación económica es atraer inversiones para captar capitales y a su vez generar puestos de trabajo.  Sin duda es una excelente iniciativa ante la crisis que sufrimos, pero que sin embargo dependiendo del planteamiento puede tener un alto coste si como al parecer para alcanzar el objetivo básicamente partimos exclusivamente de flexibilizar –entre otros- los mecanismos legales para “adaptarnos” a la demanda (basta consultar la lista de condiciones de Adelson para Eurovegas y las consecuencias que se preparan).

Y no satisfechos con plantear recortes (por ej. los derechos laborales del ciudadano) para que el inversor tenga libre disposición con una legislación a medida, ha terminado de apuntalar el único aspecto que quedaba abierto: la inversión para la adquisición de los bienes necesarios para su establecimiento.

La gran mayoría de estas faraónicas inversiones dada “su relevancia” se ejecutan mediante un procedimiento expropiatorio auspiciado por la Administración (la expropiaciones forzosas urgentes pese a ser un modelo inicialmente extraordinario alcanzan un 98% frente a las ordinarias), en las cuales la empresa inversora actúa de beneficiaria y en contraprestación deben efectuar de forma obligatoria el pago.

Definitivamente es un punto clave ya que es un coste a sumar a la inversión cuando aún no ha se ha podido poner en marcha el negocio y no siempre es posible de definir ex ante el montante ya que además de la propia negociación fijada en el procedimiento a través del justiprecio –a voluntad de las partes- en caso de desacuerdo siempre quedará el Jurado Provincial de Expropiaciones (o Jurados Autonómicos en aquellos lugares en los que ya estén implantados) o los Tribunales para que los expropiados puedan defender sus derechos así como reclamar para sus bienes su justo valor.

+ En relación a este tema llevamos bastante tiempo escuchando tanto al Gobierno como a las concesionarias de autopistas lamentarse porque los altos justiprecios que alcanzan las expropiaciones de terrenos perjudican sus intereses y con ello la rentabilidad de las mismas (la cual tiene que compensar el Estado con dinero público para sostener el principio de equilibrio), cuestión que en mi opinión de fondo es un hecho muy muy discutible (y que para no desviar irá a otro post).

          De este modo a través de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (BOE del 28), de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida se modificó el artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa ampliando de dos a cuatro años el plazo necesario para poder solicitar la retasación como garantía para el expropiado, ante la demora en la efectividad o pago del justiprecio (incluyendo intereses). La redacción del Artículo 58 ha quedado así:

  1. Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación,  con arreglo a los preceptos contenidos en el Capítulo III del presente Título.
  2. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación.

Por lo tanto ahora pero el inversor podrá “aplazar” los pagos por la adquisición de terrenos expropiados durante aún más tiempo (pese a disponer de ellos desde la formalización del procedimiento expropiatorio) limitando por un lado el ejercicio de un derecho y por otra enfatizando la vocación claramente reductora del Ejecutivo de los justiprecios e indemnizaciones.

Sin duda los actuales graves problemas económicos merecen el mayor de los esfuerzos para revitalizar el mercado, aunque aún sin olvidar que el fin de una inversión es generar riqueza –equilibrada y justa– y crear trabajo –de calidad– sin lugar a dudas no hay negocio que compense la restricción de nuestros derechos.

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