Archivos para 15 abril 2013

Expropiación temporal o cuando el fin no justifica los medios

“Son buenas obras las que triunfan y no las intenciones”
Emil Ludwig

          Texto de Jose Díaz- Reixa Jiménez @Josediazreixa y Tomás Aríñez Asín @TomArinez

          Desde que el pasado martes 9 de abril de 2013 la Junta de Andalucía anunciara medidas para impedir desahucios a través del Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 11 de abril), se han sucedido las reacciones al DL 6/2013; por un lado de expectación ante la posibilidad de la apertura de una –esperada- vía para solucionar un problema que tristemente afecta a miles de familias y por otro lado de incertidumbre sobre la propia viabilidad jurídica del mismo.

          Por ello conviene analizar el texto, para más allá del loable objetivo, examinar las premisas jurídicas que implica así como sus posibles efectos (especialmente a la denominada “expropiación temporal”).

          El Decreto Ley ya en su propio título hace una declaración de intenciones empleando unos términos bastantes transgresores para su nominación, haciendo suyas competencias tradicionalmente estatales, como es la regulación de una de las materias contenidas en el Título I de la CE (la propiedad privada reconocida en el artículo 33 de nuestro Carta Magna, y especialmente, el derecho a una vivienda digna reconocido en el art. 47*). En este sentido, basta comprobar que en la justificación de la aprobación de estas medidas mediante Decreto Ley, se define con la expresión “actuación extraordinaria de imperiosa urgencia debido a los derechos constitucionales y estatutarios en juego”

* La Junta de Andalucía asumió en particular la competencia en vivienda en el año 2007 a través de la reforma de su Estatuto de Autonomía,  en concreto en el art. 56 refrenda la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, respetando en su ejercicio las competencias reservadas al Estado. 

          Siendo así las cosas y teniendo muy presente tanto la preocupación como la sensibilidad latente en la sociedad con el tema, el Decreto Ley se ha elaborado en forma de revolucionaria propuesta para aportar unas soluciones -no sin un claro trasfondo político en contraposición al Gobierno- con un “ánimus” de acentuada carga estratégica acerca de las demandas insatisfechas (se pretende “exportar” a otras CCAAs y proponer a nivel nacional) llegando a escudarse en la reciente STJUE de 14 de marzo de 2013 (Asunto C-415-11).

          De este modo se viene a introducir un nuevo Título VI en la Ley 1/2010, estableciendo los instrumentos administrativos de intervención necesarios para evitar la existencia de viviendas deshabitadas, creándose al efecto un Registro Público que permita gestionar administrativamente el fenómeno de la no habitación de las viviendas y un procedimiento contradictorio para declarar las viviendas deshabitadas. Asimismo, se regulan determinadas actuaciones de fomento, eso sí, limitadas a las personas físicas, para incorporar las viviendas deshabitadas al mercado, tales como la directa intervención de la Consejería de Vivienda en la ocupación efectiva de las mismas y en el aseguramiento de los riesgos del cobro de la renta y de los posibles -y probables- desperfectos que se ocasionen, así como una provisión de subvenciones para hacer efectivas estas medidas, dejando en el aire como proveerán la dotación presupuestaria necesaria para atender la avalancha de solicitudes que con seguridad se acumularán, como ya vamos teniendo oportunidad de comprobar en recientes casos que van salpicando la prensa.

          Difícil cumplimiento van a poder llegar a tener, a la vista del elevado índice de desempleo que sufre actualmente Andalucía, el alto número de ejecuciones hipotecarias que se produjeron en el pasado año 2012 y los números que algunos medios publicaban acerca del endeudamiento de la Junta con las entidades financieras, a las que irremediablemente tendrán que acudir, siendo éstas al mismo tiempo las que a priori resultarían más perjudicadas. Ardua confrontación de intereses –más aún con dependencias claras- para poder alcanzar un acuerdo.

+ También se añade un Título VII regulando el ejercicio de las potestades de inspección y sanción, tipificando las infracciones y cuantificando las sanciones, en aras de la actividad de policía que permita el cumplimiento de la legalidad y la prevención general.

          Por último cabe destacar que en la Exposición de Motivos del Decreto Ley se dice que se regula la expropiación temporal de viviendas objeto de procedimientos de ejecución hipotecaria, encontrando amparo presupuestario en los intereses generados con los depósitos de las fianzas de arrendamiento y suministros de las viviendas de las entidades financieras, obligadas a poner a disposición del Registro de Viviendas Deshabitadas su stock de viviendas protegidas, medida que hasta cierto punto puede resultar coherente, a la vista del aprovechamiento urbanístico adquirido por los agentes inmobiliarios y entidades financieras, al aprovecharse de las determinaciones que los respectivos PGO establecían con algún tipo de protección o promoción pública.

          En consecuencia con lo expuesto, resulta especialmente interesante la Disposición Adicional Segunda bajo el título Declaración del interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social.

          El término acuñado como “expropiación temporal” es una expresión con la se que pretende en el Decreto Ley nominalizar la acción que se aspira a realizar, sin embargo no se puede referenciar a la Ley de Expropiación Forzosa ya que además de no recoger dicha acepción (expropiación u ocupación definitiva) no comprende en su desarrollo de expropiación una separación del uso y la propiedad. Por lo tanto, tendría mayor cabida en el término “ocupación temporal”, si bien parece que se ha querido enfatizar en tal medida la “confiscación” que ha provocado la creación de esta figura que, por novedosa que se precie, no tiene jurídicamente cabida.

          Asimismo no deja de ser paradójico que promoviendo este Decreto Ley bajo la citada premisa del interés social y para garantizar el derecho a la vivienda ante una grave situación –económica-, se le otorgue literalmente la condición de beneficiaria al propietario bajo el cumplimiento de una serie de condiciones (alguna bastante valorativa como el criterio de estimación de “importante menoscabo” sólo en aquellos casos que suponga más de un tercio de ingresos y la carga hipotecaria se eleve en proporción +1,5).

          Dicha posición de beneficiaria recogida en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, tiene una serie de atribuciones como impulsar el procedimiento (cuestión abordada por la propia DA 2ª) pero también una serie de obligaciones; en concreto una decisiva “Pagar o consignar en su caso, la cantidad fijada como justo precio” (baste citar otras relevantes que muestran su incidencia en el procedimiento como  “Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja de aprecio a que se refiere el artículo 30 de la Ley, y de aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios”.

          Si bien es cierto que la DA recoge expresamente este hecho en el apartado noveno “La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma, ni superior a la cuantía del justiprecio” obvia que una vez iniciado el procedimiento expropiatorio el justiprecio no se fijará respecto a precios limitados sino conforme a lo expuesto en la Ley de Expropiación Forzosa y que en caso de no alcanzar un acuerdo el expediente podría derivar al Jurado Provincial de Expropiaciones que a su vez resolviera un precio diferente al estimado (expedientes individualizados y por lo tanto independientes). En consecuencia, suponiendo un hipotético incremento en el coste, el obligado –pese al reparto en la ejecución del pago- sería el beneficiario (todo ello sin perjuicio de la responsabilidad si se incurriera en alguna demora).

+ Resaltar que pese a la extensión del texto no se hace mención a cuales serán los criterios valorativos para establecer el precio que se ofrecerá como indemnización por la expropiación temporal, creando dudas –más si caben- acerca de su encaje.

          Para rematar el apartado 14 señala que  “En todo caso, lo establecido en esta disposición estará en función de las disponibilidades presupuestarias”. Una vez iniciada la expropiación, no siendo previsible ex ante la cantidad definitiva de dichos justiprecios y recayendo a priori la obligación sobre el afectado, no se puede suspender la pieza creando una situación de riesgo mucho mayor que la que se intentaba proteger inicialmente.

          El Decreto Ley tiene sin duda un espíritu encomiable, pero sin embargo en ocasiones -como es el caso-, la voluntad no es suficiente justificación para avalar la viabilidad (técnica y económica) del mismo. El carácter intervencionista y la excesiva indeterminación de aspectos relevantes crean serias dudas de la propia aplicabilidad que seguramente resolverá el Tribunal Constitucional.

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