Archivos para 9 agosto 2013

¿Aceptamos lobby como agente del sistema?

 
Es más fácil hacer leyes que gobernar
Leon Tolstoi
 

      Mi idea inicial al escribir este post era comentar algunas de las leyes y decretos (respecto a cuestiones de Energía, Costas, Suelo, etc…es decir, principales sectores estatales) que se han ido aprobando recientemente y las consecuencias visibles –y otras no tan visibles- que producían al ciudadano. Sin embargo una vez hecho el primer análisis, en mi opinión es obvia la distracción del interés general en pos de alcanzar ciertas ventajas.

       Por ejemplo en la reforma de la Ley de Costas, es evidente el triunfo del propietario que tenía su vivienda en situación irregular, pero ¿cuánto más beneficia dicha legislación a los constructores y bancos que veían comprometido su patrimonio ante la ruina de tener que derribarlo? O en otro tema actual ¿Por qué la reforma energética? Es decir, bajo el apoyo a cuestiones de fuerte impacto social hay otros intereses defendidos por importantes grupos de presión que inciden en la elaboración última legislativa: los lobbies.

      Dice la RAE que lobby es un “grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses”. Por lo tanto objetivamente no debería por qué ser negativo (tradicionalmente en España tiene una connotación sospechosa ya que siempre ha sido vinculado a términos como corrupción u opacidad), dependiendo del interés defendido aunque en mi opinión lobby se equipara erróneamente intentando asimilar plataformas como la  de Afectados por la Hipoteca que sí tienen un importante alcance positivo que responde al interés de la calle pero que no son grupo de personas influyentes sino que lo relevante es el grupo.

      El problema de los lobbies es la posibilidad de operar sin regulación, límites y en entornos de absoluta oscuridad, y a su vez los políticos no estén obligados a actuar con transparencia en su relación con ellos (ver EEUU). Partimos de que España carece de una regulación específica a este respecto y en ese sentido el presidente Mariano Rajoy en el Debate del Estado de la Nación del 20 de febrero de 2013 afirmaba que “que sería positivo incluir también la regulación parlamentaria de las organizaciones de intereses (los llamados lobbies), con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites” para posteriormente aprobar en el Pleno del Congreso de los Diputados la Resolución nº 1 sobre Regeneración democrática, que incluía entre sus medidas el estudio en comisiones parlamentarias, de las medidas a adoptar para regular las organizaciones de intereses o “lobbies”, en particular sus límites.

      Sin embargo hay que destacar que en la Ley de Transparencia queda fuera su regulación –mientras los restantes grupos parlamentarios insisten al Gobierno con su inclusión- con lo cual no se hace más que generar mayores dudas.

          + Ciertamente algunos lobbistas –aquellos profesionalmente reconocidos- tendrían razones para querer ser incluidos en la Ley de Transparencia, una vez que bien podría ser el medio para que la luz entre en dichas estructuras y nadie se ampare en la penumbra, poniendo cara y actividad a cada profesional. Iniciativa en este sentido es el Registro de Transparencia de la UE (de carácter voluntario, las empresas comunican sus gastos de lobby pero algunos sectores como el bancario español no tienen registros) o la propuesta para impulsar en España de un registro obligatorio para lobbies que quieran “participar en los procesos de consulta pública”

      Otra cuestión es su ubicación; como he comentado un lobby es un grupo de presión que intenta disuadir o convencer al Gobierno para que la ley resulte favorable al grupo que representa. El problema es cuando el Gobierno sólo reproduce al lobby.

       + Basta comprobar como algún profesional –lobbista- afirma abiertamente que son “300 o 400 las personas que de un modo habitual solemos tener presencia en el Parlamento español”.

       + Es por ello que siendo necesaria la transparencia en cualquier de los ámbitos políticos, su regularización también supone el reconocimiento de que una poderosa minoría tenga la capacidad de influir en la decisión que adopta un político, en contra incluso de la voluntad de la mayoría como en la actualidad, cuestionando –al menos- su ética. Con normas o sin ellas, el lobby va ligado al sistema. Aquel que tenga capacidad y recursos suficientes siempre tratará de influir en los círculos de poder. Entonces, ¿esta regulación impediría los casos de abuso de poder o tráfico de influencias? Difícilmente.

    Al ciudadano mientras sólo nos queda contrarrestar la crisis y el descontento social creando su propia influencia mediante crecientes “lobbys ciudadanos” organizaciones ciudadanas apoyadas en Internet y organizadas a pie de calle mediante asambleas para hacer constatar a los gobernantes la terrible desigualdad económica y la injusticia latente. El impacto puede que no sea tan definido, pero los agentes son muchísimos más y su señal en consecuencia muy fuerte.

Pero ¿en qué posición queda el legislador? ¿así queremos que se formen nuestras leyes?

El problema no es la política, son los políticos.

El problema no son las leyes, sino olvidar para qué y quién va dirigidas.

  •       Finalmente suponiendo que las leyes se dictan para alcanzar el interés general tampoco parece razonable que los gobernantes (de todos los partidos) mantengan tradicionalmente relaciones profesionales con empresas de las que provienen/ a las que se incorporan tras su andadura política. (Ver relación)
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